El enorme respaldo obtenido por Ollanta Humala entre los más pobres del Perú es una deuda contraída con la mayoría de la sociedad peruana.
El análisis de las estadísticas electorales de la primera elección y esta segunda vuelta en este sentido son categóricos. Los resultados permiten establecer una superposición entre el mapa político y el mapa social, o mejor, el de pobreza en el país sin mayores dudas. Lo anterior refuerza la idea de que si existe un compromiso del Presidente electo es justamente con estos sectores.
Pero, para pagar esta deuda social el nuevo gobierno no debe recurrir a las formulas del viejo o nuevo populismo que en lugar de ciudadanos crea clientelas. Se trata de acentuar aquello postulado como síntesis de su propuesta programática: Crecimiento con inclusión social. Si estas coordenadas del desarrollo son ratificadas efectivamente se estará en el camino de cumplir con la deuda, y el gobierno de Ollanta será por fin un pionero para lograr ese difícil equilibrio entre desarrollo económico y desarrollo social.
Por lo demás, de ser esto posible, demostrará la validez de las críticas a las políticas económicas respecto a que la formula que maximizaba el crecimiento económico, basado en indicadores macroeconómicos en azul pero con cifras en rojo en el bienestar social, hace rato que mostró sus límites.
Y es que esta manera de encarar el desarrollo, no sólo no logró los beneficios esperados para todos sino que ponía en peligro la gobernabilidad política y la propia sostenibilidad del ansiado crecimiento sostenible al convertirse en un obstáculo a las bases del sistema social, a la economía y el propio ejercicio de la política.
Por ello, las políticas a implementarse desde el nuevo gobierno constituyen una oportuna corrección al modelo que en 20 años ha estado bajo una clara hegemonía neoliberal, y abre el terreno a un andamiaje que basado en la más amplia concertación, pueda modificar las reglas sobre las cuales se ha venido gobernando.
La inclusión social es sobre todo un acto de justicia, un reconocimiento de hacer de todos ciudadanos de primera categoría, y que para esto requerimos un Estado distinto. Pero tampoco se trata de hacer algo totalmente diferente a lo que está instituido en el régimen político actual de democracia representativa que todos hemos aceptado -siguiendo a Giovanni Sartori- como un consenso básico.
Por ello es que la concertación que se ha iniciado desde el gobierno que se instalará desde julio deberá partir de principios centrales como: Derechos Humanos para todos, lucha contra la pobreza, plena función redistributiva desde el Estado, etc. Pero hay que avanzar a partir de este consenso para llegar a otras formas superiores de consenso desde los cuales se pueda marchar a poner en discusión un modelo de desarrollo desde el cual se pueda promoverse y construirse el futuro.
Esta visión de desarrollo debe partir de un pleno reconocimiento de la persona humana como centro del desarrollo, inclusive no sólo aceptar la idea de mejorar las políticas sociales para hacer frente a los efectos de ciertas políticas económicas, sino de variar el eje de comprensión del rol y la responsabilidad estatal. Las visitas de los políticos y representantes de los gremios de los agentes económicos que han empezado a darse en estos días constituyen un buen síntoma, que permite superar las dudas e incertidumbres en las cuales emerge el nuevo gobierno.
Esto inspira calma y confianza, sin embargo no debemos olvidar que por ahora tenemos a los más agudos detractores de cualquier giro de la economía en silencio. Pero esto no durará mucho tiempo.
Adoptadas las primeras medidas saldrán al frente para defender la ortodoxia de sus enfoques. Será momento entonces de recordarles que entre economía y sociedad hay un continuo que no se puede romper, y que no habrá crecimiento efectivo sino logramos romper las barreras de la desigualdad social.
Será entonces el momento de decidir y de recordarle al Presidente Ollanta la enorme responsabilidad que ha contraído a partir del 5 de junio. Y con quienes.
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