El 5 de junio acabó un capítulo de la historia política del país donde, en el marco de las elecciones generales se produjo una importante polarización social y política que rebasó la arena electoral para expresar los niveles de conflicto creados por intereses contrapuestos, los que evidenciaron la delgada línea que separa economía y política, y dieron lugar a tensiones históricas entre posiciones asumidas por partidarios de la continuidad y propugnadores del cambio. Entre la primera y segunda elección se produjo un realineamiento de fuerzas, y a diferencia de las elecciones de abril, donde el posicionamiento de la imagen y la relativización del programa fueron atributos de los candidatos, en la segunda aparecieron en el nuevo escenario dominado por la confrontación política acicateada por el poder mediático, de los mensajes dirigidos al interés del elector de segmentos socioeconómicos específicos, y los gestos y discursos abarcadores y consensuales, en reflejo a la corrida programática hacia el centro de ambos candidatos. La candidata del fujimorismo buscó representar las fuerzas de la continuidad neoliberal, de los poderes del libre mercado, pero abriendo cabida a la confluencia de todos los sectores desde la derecha más conservadora al centro derechismo menos ideologizado. Del otro candidato implicó un difícil proceso para limar las aristas de un radicalismo innecesario, de mostrar su capacidad política para ampliar su convocatoria a otros sectores sociales y políticos y para flexibilizar su programa de gobierno y precisarlo de acuerdo a su necesidad de mostrarse dispuesto a conceder terreno a mayores intereses que los propiamente populares.
Los resultados fueron distintos: Keiko Fujimori no pudo sacudirse de la pesada herencia política e histórica de su padre, no pudo desmarcarse de la incómoda presencia del entorno fujimorista más duro y de las alianzas oficiosas y reales con los sectores neo derechistas, una suerte de Tea Party nativo, que condenó su candidatura al lastre de arrastrar la tradición y herencia del autoritarismo y lo peor del mercantilismo y sus testaferros nacionales. A Ollanta le fue mejor, no sólo salió airoso de la campaña de demolición que el fujimorismo y sus aliados, los sectores económicos proveedores de recursos y actuando directamente en política, y el poder mediático construyendo el tramado ideológico para justificar la elección de Keiko Fujimori y la necesidad de derrotar a Humala.
El desenlace político es conocido, lo más destacado no sólo es la dramática alineación final del electorado. Separados por escasísimos puntos y décimas de diferencia, la realidad expresada electoralmente es mucho más preocupante porque, frente a la volatilidad de lo electoral y la escasa identidad con lo político, lo que si se recorre con fidelidad es la cartografía social del país, donde la pobreza y la exclusión de por medio, se configura un país con profundas diferencias respecto a lo acontecido en los últimos años, pero que sin embargo esta vez ha optado por el cambio. Sin embargo, sin retroceder a los anacronismos teóricos que representaban el Perú como un país dual, debemos dejar constancia que aquellos que por seguridad, por interés o por identificación más claramente política con la continuidad, no constituyen una minoría. Son casi la mitad de los electores del país, y aun cuando la mayoría de sus votos provienen del estrato socioeconómico A y B, muchos de los votos que recibió Keiko Fujimori provienen de sectores populares y mesocráticos, que como sabemos tienen importancia gravitante actual y futura.
En la reciente entrega de credenciales que lo reconocen como Presidente electo, Ollanta Humala prometió reconciliar a los peruanos y hacer un gobierno para todos. Noble propósito, y que no dudamos que constituye una aspiración del nuevo gobierno de Gana Perú, buscando interpretar el sentir de la mayoría de los peruanos y peruanas, y que ha expresado en una formula como la de un gobierno de concertación nacional, y es más, todavía señala que este debe ser un gobierno de ancha base.
Por cierto, al gobierno le interesa lograr un clima de estabilidad política, establecer niveles de alianza política para gobernar, y ampliar la representación de intereses de la sociedad, principalmente para aquellos sectores empresariales para los cuales la alternativa que expresa Gana Perú es poco menos que la del chavismo comunistoide que vendieron la derecha política, económica y mediática.
Al respecto, Ollanta es sabedor que no posee una mayoría nacional, por lo menos electoralmente, lo cual es relativo dado que Lima distorsiona cualquier representación electoral por su consabido centralismo, y las posibilidades de la participación de otras fuerzas políticas como Perú Posible, sin alianzas o pactos políticos es viable y muy razonable dado el significado del triunfo electoral que dio cuenta de un amplísimo movimiento nacional, democrático, libertario y patriótico, que se visualizó no solo en los técnicos que pasaron a reforzar el equipo de plan de gobierno, sino también en el ensanchamiento de Gana Perú con contingentes completos de militantes de otros partidos (como Fuerza Social) que hicieron campaña, vigilaron los votos en las mesas y se movilizaron en los tramos fundamentales de la segunda vuelta, sino también con colectivos sociales y ciudadanos que han sido el factor decisivo para lograr ese gran frente que se resistió a la involución autoritaria que se condensó en Fuerza 2011.
Gana Perú tiene entonces un espectro democrático que da la talla para construir el gobierno de concertación nacional y de ancha base como se espera ocurrirá en la conformación del primer gabinete con cuadros de los partidos democráticos y figuras independientes, y que tenemos más de indicio de cómo funcionará en el nuevo Congreso con las alianzas para la elección de la presidencia y mesa directiva, la conformación de las comisiones, y otros pasos claves a sucederse en el edificio de la Plaza Bolívar.
Un punto que si resulta difícil de predecir es si el nuevo gobierno lograra expresar intereses mayores a su base social popular. Las medidas de gobierno que inicien este mandato, que en parte se verá en el anuncio y presentación del gabinete es un asunto clave para saber cual es la disposición del primer mandatario juramentado y en funciones (antes puede ser contraproducente) para dar tranquilidad a quienes desde la derecha presionaban por colocarle las reglas al presidente electo. El mensaje de asunción de mando despejara toda duda de las orientaciones centrales del nuevo gobierno.
Sin embargo, el Presidente Humala ha señalado que cumplirá su compromiso con quienes lo apoyaron porque responden a un cambio largamente negado. Por tanto, lo que se espera de él es que estas medidas puedan dar cuenta del interés por cautelar las libertades y derechos fundamentales, los avances en las reformas democráticas, y las coordenadas esenciales del proceso económico, que no significa tampoco dejar que las cosas sigan iguales, sino que de acuerdo con lo fundamental de la propuesta de Gana Perú, se hagan los reajustes para las urgentes medidas en el terreno de las políticas sociales que la mayoría de peruanas y peruanos esperan y que marcarían el cambio en democracia, y constituyen todas en conjunto el punto de inflexión de la actual situación de más de veinte años de hegemonía de las políticas neoliberales que con algún mecanismo compensatorio en lo social -las reformas de segunda generación que tanto reivindicaba Keiko Fujimori- venimos viviendo en el Perú. Es entonces cuando, llegado el momento de hacer el ajuste social del programa económico, debamos de recordarle al Presidente aquella conseja popular “no se pueden hacer tortillas sin romper huevos”, por tanto, algunos intereses tendrán que verse afectados para hacer posible un enérgico programa de redistribución social y abrir curso a la justicia, la equidad y la inclusión.
Siendo este el panorama respecto al Gobierno para todos, encontramos que el punto más difícil es la reconciliación nacional. Al respecto una duda nos asalta e interpela: ¿Existen condiciones para una reconciliación nacional? ¿Qué significa esta reconciliación? ¿Significa acaso el perdón para todos, la exculpación por razones políticas, el alargamiento de un régimen de gollerías y ganancias sin control para las empresas? ¿Es posible la reconciliación nacional entre asesinos y victimas, o sus familiares? ¿Se abrirá paso a una ley de amnistía o quizá pueda ser considerado uno o algunos indultos por razones humanitarias? ¿Se bajara la guardia en el celo anticorrupción? ¿Alan Garcia se acogerá a algún artificio que lo exculpe de posibles peculados en su gobierno, o partirá al exilio protegido para esperar sean sobreseías las posibles acusaciones? ¿Se abrirá un interregno legal para los casos comprobados, la impunidad será una política tan semejante e innoble como la criollísima actitud de hacerse el huevón?
Como vemos es este es el terreno más escabroso para la nueva gestión, si de un lado la distinción de un gobierno que coloca lo social como primer punto de su agenda, no puede ser menos respecto a determinar las condiciones para una auténtica reconciliación nacional, basada en la verdad y la justicia, pues la memoria de los agraviados de siempre no olvida, donde el crimen y la sacada de vuelta, el latrocinio descarado no merece perdón. La moral cristiana católica siempre nos enseñó con Jesús ofrecer la otra mejilla a quienes nos han ofendido, y hasta en la liturgia nos dice “Pax Domini Sit Semper Vobiscum” (“La paz del Señor sea siempre con vosotros”). Pero la paz del Señor ni de la patria puede ir con nosotros si el precio es la traición, ni olvidando a nuestros agresores. La injusticia no puede apacentar mansedumbres sino más bien moviliza a quienes sienten indignación y no pueden aceptar el llamado a la paz y reconciliación en medio de la ignominia.
Por eso el Presidente electo no debe olvidar sus recientes declaraciones al recibir sus credenciales cuando se comprometió a gobernar con humildad y con prudencia, pero también nos compartió su sueño, en aquella misma oportunidad, de lograr una patria grande, una patria justa, que por supuesto es también una patria unida, firme y feliz como nos lo recordaba Sebastián Salazar Bondy cuando en su crítica al centralismo limeño abogaba por una verdadera descentralización donde no pierdan las provincias ni la metrópoli, sino que signifiquen el triunfo final del país: “Así se retornará a la legitima comunidad esa que está levantada sólidamente sobre las bases de la reciproca admiración sin rencores ni escisiones, tal como destella el símbolo peruano ‘Firme y feliz por la unión’ ".[1]
[1] “La ciudad que semeja el país”. Publicado en La Prensa el 16 de febrero de 1956. Recopilado por la UNMSM en la antología “Recuperar la ciudad perdida”
