Censura, encuestas electorales y democracia representativa[1]
SE IMAGINA USTED AMABLE LECTOR O LECTORA, que luego de haber contestado a una meticulosa y pudorosa encuesta sobre los atributos que, a su juicio, debe reunir su papel higiénico ideal y las razones por las cuales confiaría el contacto con su región más íntima en cada toilette cotidiana, alguien sin mayor criterio técnico venga a repetirle las mismas preguntas y hacerles otras bastante incómodas. Bueno pues, esto puede ocurrir.
Cómo se sentiría usted al ser nuevamente interrogado sobre aspectos muy íntimos que ya contestó, no sin cierto rubor, por ejemplo, sobre la frecuencia con la que concurre al “cuarto chiquito”, ¿por qué requiere un papel gofrado y no uno de superficie lisa para sus partes pudendas?, o ¿cuántos rollos de papel suele gastar a la semana?. Y lo peor, usted cae en cuenta que este jovenzuelo -que parece que se toma en serio su trabajo-, tiene sus respuestas a la encuesta, pero además tiene en su poder sus nombres y apellidos completos, su edad, número de documento de identidad, teléfono entre otros datos que usted confió al personal de la empresa de investigación de mercados y que le prometió no dar a conocer a terceros.
De otro lado imagine también que en medio del acto de vaciar su vejiga o intestino, escucha el timbre llamando a su puerta y al abrirla tiene a la vista a un joven y acomedido funcionario del JNE quien muy seriecito y engolado le interroga sobre sus respuestas a una encuesta que de manera confidencial y privada usted se dignó en responder anteriormente, y sobre todo, de manera anónima.
Cosa más o menos parecida es lo que ocurrirá en breve cuando alguna compañía dedicada a explorar las convicciones políticas del público y más discretamente, sus preferencias políticas, bajo las nuevas reglas impuestas se verá obligada a entregar esta información al máximo tribunal de justicia electoral que ahora violará impunemente la confidencialidad de las encuestas de opinión bajo el pretexto de que está supervisando que los resultados de estas encuestas se deben a las respuestas que usted ha dado seguro de su derecho de expresión.
Ante esta situación, las reacciones serán seguramente diversas. En algunos la primera reacción sería echar a patadas o escobazos al metiche de chalequito grana del JNE que quiere hurgar en su conciencia política, o en otros casos y por supuesto, montando en la cólera del justo, se promete soltarle su feroz mastín al primer hijo de su madre que venga nuevamente con la intención de aplicarle a una encuesta.
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Las empresas de estudio de mercado le deben al profesor Paul F. Lazarfeld de la Universidad de Columbia, la razón de su existencia. Por cierto el viejo Lazarfeld fue duramente cuestionado, y esto porque reducía la sociología a la sacralización del método y la reificación de los datos según la crítica demoledora de Charles Wright Mills que en su memorable “La Imaginación Sociológica” quien le llama exponente del empirismo abstracto. El tiempo y la necesidad dieron a la encuesta por muestreo la validez del caso y no importó mucho que asimilaba a los hechos sociales a ser examinados desde el paradigma de las ciencias naturales, pues no se podía cuestionar su apego a la objetividad y la exactitud cuantitativa que dio patente científica a este método.
Muchas aguas transcurrieron desde los finales de los 50, cuando se experimentó por vez primera esta metodología, a la fecha, y la razón de ser de las encuestadoras es hacer cada vez de manera más afiatada y rigurosa las encuestas o sondeos de opinión que develen las preferencias políticas de sus encuestadores. Para esto siguen procedimientos estandarizados y validados, un proceso sistemático que empieza con la elaboración de instrumento, el diseño de la muestra, una correcta selección de los informantes en el terreno, y técnicas de campo para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos muy afiatadas. Un principio básico de este método de investigación, la encuesta por muestreo, es convertir los datos recogidos en números, los cuales son sometidos a un escrupuloso análisis estadístico, pues una vez agrupados los números dice el significado de lo que una mayoría que ha coincidido en sus juicios, en virtud de la ley de los grandes números, y que se expresa en términos de advertir una tendencia respecto a determinado tema o problema. Pero no se crea que la encuesta busca conocer todos y cada una de las respuestas individuales. En una encuesta no interesan las opiniones personales, sino aquello que marca los agrupamientos de las respuestas de manera colectiva. En cualquier caso el informante es fundamental para el éxito de una encuesta, pero es una exigencia superior garantizar que la información proporcionada sea entregada en condiciones fidedignas, por ello se requiere que la contraparte del encuestador es mantener en reserva estas opiniones, y eso es tanto o igual a la confidencialidad de quien desea mantener en el anonimato su identidad y en absoluta reserva sus percepciones y opiniones develadas a partir de sus respuestas sinceras a un cuestionario.
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Cuando el JNE a exigencia de ciertos políticos anticipadamente derrotados, y con la connivencia del padrino de ellos, cambia las reglas de juego para las empresas dedicadas a hacer encuestas, rompe la condición básica de esta confidencialidad y por tanto hace inviable la realización de estos estudios. Sin personas disponibles a confiar en un personal entrenado que le hace preguntas que puede responder en las condiciones del anonimato y confidencialidad. El voto es secreto, se dice casi como un axioma de los derechos políticos electorales, de igual modo mis respuestas a preguntas que exploran mis preferencias políticas son también secretas y nadie, absolutamente nadie, puede irrogarse el derecho de conocerlas directamente, y menos averiguar la identidad de quien las expresó, y mucho menos repreguntar para saber si efectivamente fueron proporcionadas por los informantes.
Información de este tipo, en manos de un organismo electoral puede prestarse a equívocos, a parcializaciones, a inconfesables intenciones. La torva maniobra de los miembros del JNE ha querido congraciarse con el Jefe de Estado y sus cuestionables juicios políticos. Por lo demás, ha sido producto del apresuramiento de sus mentores, y esto se visualiza en su naturaleza anti técnica y anticonstitucional.
Las consecuencias serán efectivamente desastrosas, primero constituyen una amenaza velada no solo a las empresas, sino a los miles de ciudadanos que toman esta información como referencial para definir su intención de voto. En segundo lugar produce mayor desconfianza en las instituciones de la democracia, y el JNE lo es, pues evidencia la falta de neutralidad y la veleidad de sus miembros frente al poder. En tercer lugar, genera un precedente funesto pues el más alto tribunal de justicia electoral evidencia cierta parcialidad con algún candidato o con los candidatos que no han logrado mejores ubicaciones en las preferencias del potencial electorado. En cuarto lugar, manifiesta un indefendible sentido de intervención e intrusismo frente a un actor importante como las empresas encuestadoras, la mayoría de las cuales proviene de una larga trayectoria en esta labor, con resultados acertados, producto de su profesionalismo y experticia.
Esperamos que esta imposible intención de nublar el proceso electoral no sea el preludio de lo que ya ha sido denunciado, una inaceptable voluntad de fraude, o cuanto menos una proclividad para sembrar nubarrones sobre las Elecciones generales a pocos días de su realización. En el 2010 le tocó el turno en este tinglado a la ONPE y su incapacidad para dar resultados oportunos y confiables. Hoy el JNE y su intransigencia sin argumentos pretenden nublar la transparencia del proceso y atentar contra los derechos políticos de miles de personas. A favor de lograr una democracia representativa fortalecida, donde las elecciones son su mecanismo de competencia y renovación de autoridades por excelencia, este dispositivo innecesario debe ser anulado.
[1] Al momento de colocar esta nota en los blog y medios electrónicos nos enteramos que el JNE retrocedió en su cuestionada resolución. Esta maniobra absurda que pretendía anular la vigencia de las encuestas de opinión como expresión del comportamiento político de la ciudadanía
Esto constituye un triunfo de la democracia sobre aquellos que buscaban alterar una condición informativa básica del proceso electoral. Aun cuando el siguiente articulo toma en cuenta el análisis hecho cuestionado, aparentemente superado a partir de esta corrección por parte del tribunal electoral, hemos considerado de utilidad publicarlo.
