jueves, 22 de mayo de 2014

EL SICARIATO IDEOLÓGICO. LA DESCENTRALIZACIÓN COMO BLANCO

Haciendo de la descentralización culpable de todos los males de la sociedad peruana, y de los presidentes regionales prontuariados criminales, los genios de una revista local pretenden el absurdo de iniciar una contra reforma para derogar las leyes que han dado el marco a este importante avance para democratizar el Estado peruano

La ignorancia es atrevida. Cuando se junta con la complicidad constituye un crimen. Sin mayores argumentos que rasgarse las vestiduras por las escandalosas prácticas de corrupción y sus delitos (sospechas de asesinatos de opositores incluidos) que acusan hoy a César Álvarez, presidente regional de Ancash, los genios editores de la otrora "revista sin clase" cargan con todo contra el proceso de descentralización que vive el país. (*)

Echando mano al facilismo, los editores de la verdolaga revista, aparecen confundidos y terminan sorprendiendo a los lectores con supuestos donde regionalización es igual a descentralización, y acusando a la descentralización de todos los males habidos y por haber, con la pueril solución de que hay que derogar la “Ley de regionalización” (sic), pisándose los callos más adelante cuando cargan contra la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales por ser engendros de Toledo y García, propios de una fantasmal descentralización y atribuyéndoles el origen de los serios problemas de administración de justicia, de los mecanismos de control del Estado y de los conflictos socio ambientales, además de la corrupción, entre otros existentes en las regionales, con lo cual y meten en un mismo saco a Álvarez con Santos de Cajamarca, y lo peor, descalifican a los otros gobiernos regionales.
Pero ¿qué es lo que buscan estos sicarios ideológicos? Nada más ni nada menos que desconocer los avances de la reforma de Estado más importante de los últimos diez años, buscando condiciones para la profundizar la recentralización del Estado, debilitando a los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, haciéndole el “desinteresado” favor a los voraces intereses del capital transnacional y nativo, particularmente de las empresas de la industria extractiva, las que quiere actuar sin regulaciones y tener carta blanca para convertirse en los nuevos poderes locales, haciendo de los territorios que los gobiernos regionales tienen a su cargo una regresión al centralismo que justamente fue la causa primera de las inequidades e injusticias del pasado, donde gamonales y la burguesía parasitaria eran los señores de horca y cuchillo para explotar a sus anchas y sin mayor oposición las ingentes riquezas de nuestras regiones.

Detrás del sicariato están presentes fuerzas retardarías ligadas a estas empresas y sus intereses, tanto en las regiones a través de sus caciques y caudillos locales que se benefician del mercantilismo existente, sin importarles el impulso al desarrollo local y regional endógenos, y sin preocuparse respecto a que los recursos mineros, gasíferos, petroleros y energéticos, entre otros potenciales, puedan traducirse en recursos y capacidades para lograr el despegue de las regiones y el bienestar de la población, principalmente rural, que secularmente han sufrido la pérdida de sus territorios y la extracción de las riquezas del subsuelo, sin que quede nada que aliente su propia producción tradicional, la modernice y la inserte a nuevos mercados.

Estos poderes parasitarios tienen aliados en la política oficial donde la derecha, el APRA y el fujimorismo, junto con remanentes de los poderes fácticos hoy adormilados, quieren despertar al Godzilla estatal, ese monstruo autoritario y avasallador útil para destruir la reforma descentralista y volver a concentrar todos los poderes en el gobierno central, sin importar los enormes costos sociales de tal regresión.

Sabemos de los muchos intentos de desmontar la descentralización, aun está fresca la coalición alanista para hacer fracasar el referéndum de 2005 e  impedir la conformación de las regiones económicas sirviendo a sus mezquinos cálculos electorales, y posteriormente las arremetidas de los gobiernos aprista e inclusive el actual, para recortar y controlar a los gobiernos regionales, existiendo en todos los casos una vocación interventora, y en el Gobierno de Humala la falta de una verdadera voluntad descentralista, pues no le interesa profundizar la descentralización. Al ministro Castilla poco le interesan las regiones como gobiernos autónomos porque las ve como territorios con recursos valiosos que puede someter a la oferta y demanda del mercado, y constituyen en tal sentido una fuente fresca de ingresos fiscales que puede controlar desde el MEF, pero ¿autonomía, reforma del Estado, participación ciudadana?, estas palabras no forman parte de su léxico.

De otro lado, somos conscientes que las propias autoridades regionales no han hecho mucho por emplear mejor las competencias y autonomía política, económica y administrativas que gozan sus gobiernos, y las demandas de más recursos y avanzar a la descentralización fiscal que pueda dotar de mejores recursos para el desarrollo de estas regiones, y también compartimos los cuestionamientos a aquellas autoridades que solo buscan el usufructo personal o servir a sus causas políticas sin importa mucho arriesgar la gobernabilidad democrática y el desarrollo, pero de allí a querer tirarse el árbol de la descentralización porque algunas de sus ramas requieren podarse constituye un riesgo central para la democracia en las regiones, y los derechos de la ciudadanía de elegir sus propias autoridades sin tutelas del gobierno nacional.

De allí que la tarea sea mejorar la performance de autoridades y funcionarios, realizar las reformas y reestructuración del aparato estatal regional, mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, desarrollar las capacidades institucionales, articular de manera más decidida los tres niveles de gobierno y abrirse a plataformas multisectoriales, profundizar la participación ciudadana enmendando las limitaciones en el presupuesto participativo y orientando los planes de desarrollo en perspectiva de la gestión y el desarrollo territorial, exigiendo al gobierno nacional culminar el establecimiento del sistema de planeamiento estratégico nacional y su correlato regional, entre otros.

No hay pues, por estas razones, tal simplicidad como los verdolagas que dirigen ahora la revista de marras nos quieren vender, es decir basta tan sólo con derogar las normas sin tomar en cuenta que habría que reformar la constitución de 1993, la cual fue modificada justamente para dar cabida a un Estado descentralista, sino pasar por un debate nacional obligatorio que debe darse en el Congreso, en los sectores del ejecutivo y la opinión pública, pero sobre todo desde la sociedad civil y los propios gobiernos regionales y locales, dar para reorientar y reimpulsar la descentralización nacional. Por todo ello hay que estar alertas y polemizar abiertamente contra estos sicarios ideológicos, que sabemos alquilan su pluma y sus medios periodísticos a favor de cualquier causa, no importándoles que estos temas nacionales se difundan con superficialidad siempre y cuando les permita vender más.
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(*) Editorial.  “La Ley de Regionalización debe ser derogada”.  Revista VELAVERDE.  Una revista sin clase. Número 64. Lima 19 de mayo de 2014


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